Este jueves, México se viste de luto y protesta en conmemoración del décimo aniversario del caso Ayotzinapa.
Marchas y manifestaciones se llevan a cabo en la capital y en diversas ciudades del país, evocando no solo el dolor por la desaparición de 43 estudiantes rurales en Iguala, sino también la frustración por la impunidad que persiste en el sistema.
El ataque brutal contra los jóvenes que fueron víctimas de un entramado criminal que, con complicidades estatales, ha logrado permanecer en la sombra. A lo largo de una década, las esperanzas de encontrar a los desaparecidos se han desvanecido.
El Gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador también siente el peso del aniversario, ya que el mandatario prometió hacer justicia y resolver el caso, pero no anticipó que las investigaciones terminarían apuntando hacia uno de sus principales aliados: el Ejército.
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La investigación ha sido limitada por la destrucción de pruebas en administraciones anteriores y la muerte de testigos, lo que ha puesto en jaque la capacidad del gobierno para ofrecer respuestas.
Este aniversario subraya que, a pesar del tiempo transcurrido, la situación de inseguridad en el país apenas ha cambiado.
La violencia se ha manifestado de nuevas maneras; la lucha territorial entre grupos criminales en Culiacán ha inundado los noticieros, dejando un rastro de muerte y desapariciones casi a diario.
Pero esa situación ha convertido a Ayotzinapa en un símbolo de una problemática más amplia, donde el crimen organizado, la política y las corporaciones de seguridad se entrelazan en un ciclo de impunidad que supera el 90%.
El mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum, comenzará el 1 de octubre, y el caso Ayotzinapa, junto con muchos otros, permanecerá sin resolverse.
Las marchas de este jueves son un recordatorio de que el pasado no se olvida, y que la búsqueda de verdad y justicia sigue siendo el camino más difícil, pero el más necesario.
La memoria de Ayotzinapa es una herida abierta que sigue exigiendo respuestas.