El caso por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, tomó un giro decisivo durante la audiencia más reciente, donde Jorge Armando N., identificado como “El Licenciado” y señalado como posible autor intelectual, rechazó categóricamente tener vínculos con organizaciones delictivas y aseguró haber sufrido tortura desde el momento de su detención. Sus declaraciones, expuestas ante el juez de control Luis Fernando Díaz Parra, abrieron un debate que añade nuevas tensiones a un proceso judicial seguido de cerca en el ámbito nacional.
Durante su intervención, relató que fue detenido el 18 de noviembre en Morelia cuando se dirigía al partido de fútbol de su hijo. Afirmó que un grupo de sujetos encapuchados lo interceptó, lo golpeó y lo mantuvo incomunicado, sin permitirle avisar a su familia. Indicó que no tuvo contacto con ningún pariente sino hasta el 20 de noviembre, cuando un actuario notificó un amparo promovido en su favor, de acuerdo con versiones divulgadas por medios que tuvieron acceso a la audiencia.
La defensa exigió que las denuncias por presunta tortura sean investigadas formalmente, al argumentar que cualquier irregularidad podría afectar la validez de las acusaciones. En medio del desarrollo de la sesión surgieron problemas técnicos en la transmisión de audio remota, lo que obligó a un receso mientras se revisaban los 25 datos de prueba presentados por la Fiscalía.
“El Licenciado” también presentó un recuento de su trayectoria laboral para respaldar su postura. Dijo ser licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, con participación previa en proyectos de construcción, colaboraciones con la Comisión Federal de Electricidad, trabajos posteriores al sismo de 2017 y actividades relacionadas con el Congreso de la Unión. Desde 2024 asegura trabajar como contratista independiente y asesor en materia de obra pública en Michoacán. Su equipo legal sostiene que esa información se puede verificar en registros oficiales y que contradice la versión que lo ubica como presunto operador del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Mientras tanto, los cargos por homicidio calificado y lesiones permanecen vigentes, así como la medida de prisión preventiva en el penal del Altiplano. Los siete escoltas del alcalde también ampliaron su declaración, enfrentando señalamientos por homicidio doloso por omisión, lo que complejiza aún más el proceso. Las acusaciones cruzadas y las dudas sobre el procedimiento judicial han generado interrogantes respecto a la solidez del caso y a lo que pueda ocurrir en las próximas audiencias.