El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, reveló ante senadores que una red compuesta por al menos 30 agentes aduanales tenía el control del contrabando de hidrocarburos en el país, conocida como huachicol fiscal. Según detalló, todos los implicados ya han sido separados de sus cargos y, hasta el momento, estas operaciones ilícitas han sido contenidas.

“Actualmente, el huachicol fiscal está detenido completamente”, afirmó Marín Mollinedo ante las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado. Añadió que cualquier nueva actividad sospechosa se investiga de inmediato y se remite a la Fiscalía General de la República (FGR) para su seguimiento.

Durante su comparecencia, el funcionario solicitó el respaldo del Senado para avanzar con la reforma a la Ley Aduanera, con la intención de endurecer las sanciones contra el contrabando y cerrar espacios a la corrupción dentro del sistema aduanal.

Por su parte, Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanal, informó que actualmente existen más de 800 investigaciones en curso por delitos relacionados con contrabando y evasión fiscal. De estas, más de 300 casos ya fueron judicializados, resultando en 326 personas vinculadas a proceso y 78 sentencias dictadas.

Una de las operaciones más relevantes en el combate al huachicol fiscal ocurrió en marzo de 2025, cuando la FGR decomisó 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. La acción culminó con la detención de 14 personas, entre ellas empresarios, exfuncionarios aduanales y personal activo de la Secretaría de Marina (Semar).

Las investigaciones derivadas del caso llevaron al arresto de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de aduanas en Tampico, así como del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar cercano de Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los reportes, la red criminal operaba mediante el uso de documentación apócrifa y contaba con la colusión de agencias aduanales, transportistas y funcionarios públicos, lo que permitió por años la introducción ilegal de combustibles al país, generando pérdidas millonarias al erario.