A casi dos años de la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) que hizo obligatoria la inscripción de trabajadoras del hogar, la situación sigue siendo precaria.

De los 2.4 millones de personas que se estima laboran en el sector, solo el 2.6 %, equivalente a 62 mil 645 trabajadoras, están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde el lanzamiento de un programa piloto en abril de 2019, la afiliación ha fluctuado entre 1.8 % y 2.6 %, a pesar de la modificación constitucional que entró en vigor en noviembre de 2022.

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La falta de participación de los empleadores, que se resisten a cubrir las cuotas obrero-patronales, ha dejado a muchas trabajadoras en una situación de incertidumbre.

Las trabajadoras, muchas de las cuales carecen de mecanismos para denunciar abusos, enfrentan el riesgo de despidos y desprotección al intentar ejercer sus derechos.

Por otro lado, la brecha salarial es evidente: mientras los hombres reciben un ingreso promedio de 420 pesos diarios, las mujeres apenas alcanzan los 348 pesos.

Las entidades con mayor afiliación son la Ciudad de México, con 11 mil 113 trabajadoras, y el Estado de México, con seis mil 793.