El expresidente peruano Alberto Fujimori se volverá a postular a la jefatura de Estado de Perú en las elecciones de 2026, anunció su hija Keiko Fujimori.

“Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, afirmó la líder del partido Fuerza Popular en la red social X.

Keiko Fujimori hizo el anuncio después de que el diario El Comercio publicara una entrevista en la que afirma que está segura de que si su padre participa en unas nuevas elecciones pasaría a una segunda vuelta presidencial.

Fujimori, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Keiko Fujimori aseguró que su padre le dijo “que quería participar en política, que él sabía a los riesgos que se exponía” y añadió que “tiene muchísima experiencia” y apoyaría su decisión final.

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La líder de Fuerza Popular señaló que es “consciente de la edad” y de los problemas de salud que afronta su padre, entre los que recordó que padece un cáncer en la lengua y ha sido sometido a una operación de cadera, de la que está en proceso de recuperación.

Keiko aseguró, además, que “varios abogados” le han dicho “que sí podría ser candidato”, a pesar de que juristas y políticos señalan que está impedido por su condición de condenado por un delito doloso, tal como establece el artículo 34-A de la Constitución peruana y la Ley Orgánica de Elecciones.

En la entrevista, Keiko Fujimori dijo que aún no sabe si ella postulará como candidata al Senado, pero aseguró que no irá en la fórmula presidencial de su padre.

El pasado 4 de julio, el Poder Judicial de Perú rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso por violaciones a los derechos humanos abierto contra Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y los exaltos mandos militares Nicolás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet.

La decisión fue tomada en el proceso que sigue contra los imputados por su presunta intervención en los casos de Pativilca y La Cantuta, donde el grupo militar encubierto Colina asesinó a un total de 16 personas en 1992.