El Congreso de Michoacán tiene una deuda con las mujeres, aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno, Elías Ibarra Torres, quien reconoció que desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal es necesario que la legislatura local se actualice para brindar este derecho a personas gestantes.

Recordó que en la entidad se aplica la NOM-046 que faculta a instituciones públicas de salud atender casos de aborto por violación. Sin embargo, refirió que existen sus excepciones para la aplicación de esta norma y que, ahora con las nuevas disposiciones federales, es momento de actualizar los reglamentos en materia de salud.

Al ser cuestionado por una discusión que no ha tomado lugar en el Palacio Legislativo de Michoacán, el funcionario estatal aseguró que en este debate se debe incluir a voces no sólo de los diputados locales, sino de la sociedad civil para reformar la Ley conforme a las necesidades de las personas gestantes en la entidad.

Desde el año 2019, colectivas feministas e incluso funcionarios públicos, que integran el Ejecutivo Estatal, han presentado 11 iniciativas que tienen como objetivo la despenalización del aborto por todas sus causales en Michoacán, todas ellas se han ido a la congeladora.

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Por su parte, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Carolina Rangel Gracida, afirmó que se trabaja en la propuesta de nueva reforma Ley para despenalizar el aborto en Michoacán.

Refirió que la falta de una normativa que permita a las personas gestantes acceder a un aborto seguro conlleva a emergencias sanitarias que ponen en riesgo la vida de quienes lo practican.

“El aborto no se acaba sólo porque no esté normado, sabemos que una de cada 10 emergencias ginecoobstétricas tiene que ver con un aborto mal practicado, y necesitamos revertir estos números”.

En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó se debe eliminar el aborto del código penal federal, lo que significa que todas las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo México.

De esta manera, ninguna mujer o persona gestante podrá ser castigada penalmente por abortar, y las instituciones de salud pública, IMSS, ISSSTE, PEMEX o cualquiera otra a nivel federal, deberán brindar el servicio de aborto, sin que al personal de salud se le sancione o criminalice por la practicar la interrupción de un embarazo.