Cada día, millones de mujeres en el país alteran sus trayectos para evitar el miedo. Cambian rutas, horarios o medios de transporte con un solo propósito: no volver a ser tocadas, observadas o perseguidas. El acoso en el transporte público mexicano no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural que ha modificado la forma en que las mujeres se mueven por las ciudades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el 73 % de las mujeres mayores de 18 años afirma sentirse insegura al usar transporte público. En la Ciudad de México, esa cifra se eleva al 84 %, y los incidentes más frecuentes incluyen miradas lascivas, comentarios sexuales, fotografías sin consentimiento y tocamientos.

El último caso que encendió la conversación pública ocurrió la semana pasada, cuando una joven grabó a un hombre masturbándose frente a ella dentro de un vagón del Metro capitalino. El video se viralizó y provocó una nueva ola de denuncias. En redes sociales, miles de mujeres compartieron testimonios similares bajo la etiqueta #ViajarSinMiedo, visibilizando un patrón repetido: la impunidad.

El debate escaló hasta el ámbito político cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reveló haber sido víctima de tocamientos indebidos durante un recorrido público en el Centro Histórico. La mandataria presentó una denuncia y declaró que “ninguna mujer debe normalizar el acoso, venga de quien venga y ocurra donde ocurra”. Su caso, el primero de una jefa de Estado mexicana en presentar formalmente una acusación de este tipo, evidenció la profundidad del problema y cómo trasciende estratos sociales, espacios y jerarquías.

En estados como Michoacán, el acoso en espacios públicos y unidades de transporte también ha sido documentado por colectivos locales. La organización Mujeres por la Movilidad Libre reporta que en ciudades como Morelia y Uruapan el 61 % de las mujeres ha experimentado alguna forma de hostigamiento durante trayectos cortos en combis o camiones urbanos. La mayoría evita denunciar, y un alto porcentaje prefiere cambiar de ruta o caminar más para sentirse seguras. En 2024, el Instituto de la Mujer Moreliana registró 428 reportes de acoso callejero, de los cuales solo 37 derivaron en una denuncia formal.

Especialistas en género señalan que el problema no se limita a la falta de sanciones, sino a la ausencia de protocolos eficaces. “La mayoría de las denuncias se archivan porque no hay testigos, cámaras o seguimiento del Ministerio Público”, explica la abogada e investigadora Fátima Alanís. “Eso genera la percepción de que denunciar no sirve, y muchas víctimas prefieren callar o simplemente modificar su comportamiento”.

En la capital, el Gobierno mantiene programas como Viajemos Seguras, implementado en 2008, que habilita vagones y autobuses exclusivos para mujeres y menores. Sin embargo, las organizaciones feministas sostienen que estas medidas, aunque paliativas, no abordan el fondo del problema. “Separar no es proteger, es reconocer que el espacio público sigue siendo hostil”, apunta la colectiva Las del Transporte.

Los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que en ciudades como Guadalajara, Puebla o Monterrey, las mujeres que han sufrido acoso cambian hasta tres veces de ruta semanalmente y gastan hasta 25 % más en transporte para evitar zonas de riesgo. El impacto económico y psicológico de esta violencia cotidiana es alto, pero sigue fuera de las políticas públicas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció esta semana una ampliación del programa de vigilancia con cámaras corporales en estaciones y un nuevo sistema digital para denuncias en tiempo real. Aun así, colectivos advierten que las medidas son reactivas y que falta una estrategia preventiva centrada en educación y cambio cultural.

El acoso sexual en el transporte no solo altera los recorridos: redefine el mapa de la vida urbana. Desde el Metro de la capital hasta las combis de Morelia, las mujeres viajan cada día entre dos destinos, el de siempre y el del miedo.