Organizaciones defensoras de la libertad de expresión alertan sobre el aumento de procesos judiciales y administrativos contra periodistas y medios de comunicación en México, al considerar que estas herramientas legales pueden utilizarse para generar presión, desgaste económico y restricciones al ejercicio periodístico.
ARTICLE 19 documentó 69 casos de acoso judicial contra periodistas y medios durante 2025, equivalentes a un nuevo proceso aproximadamente cada seis días. De ese total, 29 correspondieron a procedimientos electorales, 17 a la vía penal, 15 a procesos civiles y ocho a casos administrativos.
El organismo señaló que el uso del aparato estatal mediante procesos legales puede producir un efecto inhibidor sobre periodistas que investigan corrupción, abusos de poder o violaciones a derechos humanos. La organización advierte que el desgaste generado por estos procedimientos puede afectar tanto a quienes ejercen el periodismo como a las dinámicas editoriales de los medios.
Uno de los casos señalados recientemente es el del periódico Tribuna, de Campeche, cuyo editor Jorge Luis González enfrentó procesos civiles y penales promovidos por autoridades estatales. En 2025, una resolución judicial llegó a impedirle ejercer el periodismo durante dos años y estableció una revisión previa de contenidos, medidas que fueron apeladas y posteriormente suspendidas de manera temporal.
Defensores de la libertad de expresión sostienen que las leyes pueden establecer responsabilidades cuando existen conductas ilícitas, pero advierten que conceptos ambiguos y procesos utilizados contra periodistas pueden convertirse en mecanismos de censura. El debate ocurre mientras México enfrenta también agresiones físicas contra integrantes de la prensa y mantiene pendientes relacionados con la protección del ejercicio periodístico.