La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que, mediante un acuerdo reparatorio validado por un juez, una víctima de fraude logró recuperar más de 1.9 millones de pesos como reparación del daño, en un caso relacionado con la disposición indebida de bienes embargados en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la investigación ministerial, el conflicto inició el 10 de abril de 2021 cuando la víctima, identificada como Omar Xavier “N”, promovió un juicio ejecutivo mercantil para exigir el pago de un pagaré por 1 millón 500 mil pesos. Durante ese procedimiento judicial se señalaron dos inmuebles propiedad del deudor como garantía del adeudo, los cuales quedaron formalmente embargados dentro del proceso legal.

Posteriormente, una sentencia judicial estableció que el responsable, identificado como Francisco Fernando “G”, debía cubrir un monto superior a 1 millón 830 mil pesos. Sin embargo, pese a que los bienes permanecían bajo embargo dentro del juicio mercantil, el imputado dispuso de ellos de manera indebida al vender uno de los inmuebles y gravar el otro, acciones con las que obtuvo un beneficio económico ilícito.

Ante estos hechos se inició una investigación por fraude, la cual derivó en un proceso de mediación entre las partes mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias. Como resultado de este procedimiento se alcanzó un acuerdo reparatorio mediante el cual el imputado realizó el pago total de 1 millón 830 mil pesos por concepto de reparación del daño causado a la víctima.

El acuerdo también contempló el pago adicional de 100 mil pesos por honorarios, monto que forma parte de la compensación económica derivada del conflicto. Una vez cubiertos los pagos correspondientes, el convenio fue presentado ante un juez de control, quien validó legalmente el acuerdo alcanzado entre las partes.

Este tipo de mecanismos alternativos, previstos en el sistema de justicia penal, permiten que determinados delitos patrimoniales puedan resolverse mediante la reparación del daño a la víctima, siempre que exista consentimiento de ambas partes y que el acuerdo sea aprobado por la autoridad judicial correspondiente.