La Fiscalía General de Carolina del Sur presentó cinco acusaciones con 59 cargos contra 31 personas señaladas por presuntamente integrar una red de narcotráfico que llevaba cocaína, metanfetamina y fentanilo desde la frontera sur de Estados Unidos hasta el área de Charleston. La investigación está relacionada con un club nocturno ilegal de Ladson intervenido en junio de 2025.

Las autoridades señalaron que la investigación permitió identificar una estructura dedicada al traslado y distribución de grandes cantidades de drogas. El caso comenzó a tomar forma después de la operación Last Stand, un despliegue de agencias estatales y federales en el establecimiento Alamo, donde fueron detenidas 80 personas entre cargos criminales y migratorios.

Durante aquella intervención, las autoridades localizaron armas, drogas, dinero en efectivo y menores de edad. También identificaron posibles víctimas de trata y a un hombre buscado internacionalmente por un homicidio en Honduras. El establecimiento operaba sin las licencias correspondientes y había sido investigado previamente por denuncias relacionadas con actividades ilícitas.

Las nuevas acusaciones establecen que la red habría recibido narcóticos de organizaciones criminales mexicanas y posteriormente los habría distribuido en Carolina del Sur y otros puntos de Estados Unidos. Entre los principales cargos aparecen tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina, así como posesión con intención de distribución y delitos relacionados con armas.

Entre los acusados se encuentran Christopher Patrick Best, Richard Quay Pham, Demaro Devon Rollison, Abraham Deontre Doctor, Timothy Christian Brown, Evan Anthony Cole, Jed Hakeem Coleman y Antonio Jermaine Levy. Los expedientes judiciales señalan distintos cargos y posibles penas de acuerdo con la participación atribuida a cada acusado

El fiscal general Alan Wilson sostuvo que el caso muestra el alcance que pueden tener las redes de narcotráfico vinculadas con organizaciones mexicanas en Carolina del Sur. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes y determinar el alcance de las operaciones.

Todos los acusados son considerados inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.