Cuatro agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión y secuestro exprés, dentro de una investigación federal relacionada con presuntas actividades ilícitas cometidas desde instituciones de procuración de justicia.

Los detenidos son Benito “N”, de 57 años; María Fernanda “N”, de 38; Efraín “N”, de 65, y Mario “N”, de 43 años. Tres fueron capturados en Texcoco y uno en Ecatepec mediante órdenes de aprehensión ejecutadas de manera simultánea.

La acusación central señala su probable intervención en extorsiones y secuestros exprés. Las autoridades investigan si los servidores públicos habrían utilizado sus funciones dentro de la Fiscalía mexiquense para participar en estos delitos, aunque la información disponible no detalla públicamente qué conducta específica se atribuye a cada uno ni cuántas víctimas estarían involucradas.

El secuestro exprés se refiere a la privación ilegal de una persona durante un periodo breve, generalmente con la finalidad de obtener un beneficio económico u obligarla a realizar alguna conducta. En tanto, la extorsión consiste en obligar a alguien, mediante violencia o intimidación, a entregar dinero, bienes o realizar u omitir determinados actos.

La investigación estuvo a cargo de autoridades federales y derivó de trabajos de inteligencia e intercambio de información dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. En el operativo participaron la Secretaría de Marina, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante las diligencias fueron aseguradas seis armas de fuego, cargadores abastecidos, equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentación. También se reportó el aseguramiento de cartuchos y dosis de presuntas drogas sintéticas.

Los cuatro funcionarios fueron puestos a disposición de la autoridad federal y posteriormente vinculados a proceso. La investigación continuará para establecer el grado de participación de cada imputado y determinar si existen otras personas relacionadas con los hechos.