La presencia de fuerzas federales en Villa Madero desde el 11 de noviembre reactivó las denuncias ciudadanas sobre la operación del crimen organizado en el municipio, particularmente en torno a Ángel Herrera, identificado como “Juan Parra” o “el Apá”, señalado como presunto jefe de plaza de los grupos delictivos que operan en la región.

Aunque los recorridos iniciaron en la sierra alta y la zona de tierra caliente, hasta ahora no se han reportado detenciones de integrantes de estas células.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, entre ellos el del ambientalista Julio Santoyo Guerrero, existen señalamientos formales ante la autoridad sobre la participación de Herrera en hechos violentos recientes.

En particular, se le atribuyen ataques ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre contra los defensores ambientales Javier Gómez y Guillermo Saucedo, quienes habrían sido agredidos en tres ocasiones en su domicilio tras negarse a colaborar con el grupo criminal.

Los señalamientos también alcanzan al presidente municipal Juan Carlos Gamiño, conocido como “Camacho”, a quien se acusa de mantener vínculos con la organización delictiva.

Entre las acusaciones se encuentra que presuntamente habría declarado a habitantes del municipio que no puede realizar obras públicas debido a que debe entregar cerca de 600 mil pesos mensuales al crimen, además de que, durante el ataque contra los ambientalistas, presuntamente negó el envío de la policía municipal.

En medio del despliegue federal se realizó una manifestación para exigir justicia por el fallecimiento de una mujer, víctima colateral de los hechos violentos registrados la noche del 6 de noviembre.

Aunque las demandas de esclarecimiento son legítimas, dicha movilización no señaló a los presuntos generadores de violencia, sino que responsabilizó a Javier Gómez y a Guillermo Saucedo.

Según Santoyo, después de la marcha se intensificaron las amenazas contra los ambientalistas y contra él mismo, incluso con advertencias directas de ataques en la zona serrana donde reside.

Señala que la manifestación habría sido utilizada para difundir la narrativa del crimen y desplazar la atención sobre los grupos armados que operan en el municipio.

Las denuncias también apuntan a la operación de cuentas en redes sociales que difunden acusaciones anónimas contra defensores ambientales, atribuyéndoles delitos cometidos presuntamente por el crimen organizado.

Estas acciones, sostienen, forman parte de una campaña de criminalización que busca justificar la persecución contra activistas.

Los ambientalistas de la región señalan  en que las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia deben incluir no solo la persecución de los grupos criminales, sino también la investigación de las presuntas redes políticas que facilitan su operación en Madero.

Consideran que sin esta depuración no habrá condiciones reales para la seguridad ni para el restablecimiento del orden en el municipio.