El gobierno de Estados Unidos presentó una imputación contra Enrique Inzunza Cázarez por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por utilizar su posición en el servicio público para favorecer a esa organización.

La acusación forma parte de un expediente más amplio que también incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios, en relación con supuestos acuerdos con la facción conocida como “Los Chapitos”.

El documento señala que Inzunza Cázarez habría sostenido reuniones con integrantes del grupo criminal cuando se desempeñaba como secretario general de Gobierno en Sinaloa, cargo que ocupó entre 2021 y 2024.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como un presunto enlace entre el gobierno estatal y el grupo delictivo, participando en acuerdos que habrían permitido al cártel influir en corporaciones de seguridad.

Entre los señalamientos se incluye una reunión posterior al proceso electoral de 2021, en la que se habría pactado el control de la policía estatal por parte del grupo criminal.

La imputación contempla delitos como asociación delictuosa para la importación de narcóticos, así como posesión de armas de fuego vinculadas a actividades ilícitas.

Inzunza Cázarez ocupa actualmente un escaño en el Senado desde 2024, tras una trayectoria en el Poder Judicial de Sinaloa, donde se desempeñó como magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia en distintos periodos.