El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, cuestionó las condiciones en las que se dio la renuncia del fiscal de Michoacán Adrián López Solís. “Ya estaba pactada”, manifestó el también legislador, quien advirtió que detrás de ella podría existir un acuerdo político vinculado con embajadas y recompensas postelectorales.

“Esto no es una sorpresa, ya lo veníamos advirtiendo. Aquí no hay solo una dimisión personal, hay una estrategia de control político de la justicia”, afirmó e insistió en que la Fiscalía General del Estado atraviesa una crisis de legitimidad.

Valencia advirtió que la vacante no puede ser ocupada bajo lógicas partidistas o de cuotas, y pidió que la designación del próximo fiscal se rija bajo criterios de transparencia, mérito y experiencia. Incluso deslizó que él mismo podría estar interesado en asumir el cargo: “Yo pondría orden en Michoacán”, dijo.

Durante su intervención, también hizo referencia a los problemas internos dentro de la FGE, acusó que aunque hay personal comprometido, también existe una “estructura corrompida” que ha operado con impunidad. “Hay muy buenos ministerios públicos, pero también mucha lacra que ha dañado a la institución”, remató.

El pronunciamiento ocurre en medio de la incertidumbre que ha generado la dimisión de López Solís, quien dejará el cargo el próximo 20 de agosto. Mientras tanto, el Congreso local deberá definir si optará por un interinato o por el nombramiento directo de un nuevo fiscal para un periodo completo de nueve años.

Valencia concluyó su posicionamiento con una advertencia: “No podemos permitir que la Fiscalía se convierta en un brazo político del gobierno. La justicia debe ser un contrapeso, no una herramienta electoral”.

La transición en la Fiscalía se da en un contexto político sensible, tras las recientes elecciones y con múltiples denuncias sobre la intromisión de intereses ajenos al ámbito judicial. Para muchos actores, la discusión sobre el relevo del fiscal será una prueba clave para medir el compromiso del Congreso con la legalidad y la autonomía institucional.