El Gobierno de México impulsa la aplicación de la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con la que se establecen medidas más estrictas para el control, uso y administración del recurso hídrico en el país, bajo el argumento de eliminar prácticas de acaparamiento y fortalecer la rectoría del Estado en la gestión del agua.

De acuerdo con información difundida por autoridades federales y retomada por distintos medios, la legislación forma parte de un rediseño del marco hídrico nacional que entró en vigor tras su publicación en diciembre de 2025, y que busca regular con mayor control el otorgamiento de concesiones, así como evitar la transmisión libre de derechos de agua entre particulares, una práctica que anteriormente era utilizada en distintos sectores productivos.

La Comisión Nacional del Agua ha señalado que uno de los objetivos centrales de la reforma es terminar con lo que ha sido descrito como un “mercado negro del agua”, además de ordenar el sistema de concesiones mediante mayor fiscalización y la recuperación de volúmenes que no sean utilizados conforme a su finalidad original, los cuales podrán ser reasignados por la autoridad para fines sociales o estratégicos.

El nuevo marco legal también establece que las concesiones de agua no podrán ser transferidas entre particulares y que cualquier cambio en su uso deberá estar sujeto a autorización de la autoridad competente, con el fin de evitar el acaparamiento del recurso en sectores específicos como la agricultura, la industria o el desarrollo inmobiliario.

Además, la legislación refuerza el concepto del agua como un derecho humano y un bien estratégico de la nación, priorizando su acceso para consumo doméstico y uso público, al tiempo que busca garantizar una distribución más equitativa en zonas con alta presión hídrica o sobreexplotación de acuíferos, de acuerdo con los objetivos planteados en el nuevo esquema de gestión.

Autoridades federales han informado que la implementación de la ley ha venido acompañada de operativos de supervisión y clausuras de concesiones irregulares, así como de revisiones a usuarios industriales y agrícolas, con el objetivo de identificar usos indebidos del recurso y reforzar el cumplimiento del marco normativo en todo el territorio nacional.

El Gobierno federal estima que con la entrada en vigor de estas disposiciones se incrementará la recaudación vinculada al uso del agua y se fortalecerán los mecanismos de control institucional, en un proceso de transición hacia un modelo de administración hídrica más centralizado y regulado por el Estado.