Adriana García, integrante del Rule of Law Lab de la Universidad de Nueva York, señaló que el sistema judicial mexicano tenía problemas que requerían cambios, pero consideró que la reforma constitucional aprobada en 2024 no atendió las principales deficiencias y generó nuevos riesgos para la impartición de justicia.

Las declaraciones se dieron durante la presentación del documental “Cuando perdimos el juicio”, una producción que reconstruye el proceso de reforma judicial desde su discusión hasta la primera elección de personas juzgadoras realizada en 2025. El proyecto fue impulsado por organizaciones dedicadas al análisis del Estado de derecho y la justicia en México.

La reforma estableció la elección mediante voto popular de ministros, magistrados y jueces, sustituyendo a miles de personas que ya ocupaban cargos dentro de los poderes judiciales. El nuevo esquema también modificó los mecanismos para seleccionar y evaluar a quienes buscan ocupar esos puestos.

Durante el proceso de aprobación, organizaciones civiles, especialistas y trabajadores del Poder Judicial señalaron que existían problemas relacionados con el acceso a la justicia, los niveles de impunidad, el funcionamiento de las fiscalías y algunos procesos de designación. Sin embargo, también plantearon que las modificaciones debían preservar la experiencia profesional y la independencia judicial.

El documental recupera las advertencias realizadas durante la discusión de la reforma y plantea cuestionamientos sobre la independencia judicial, los criterios para seleccionar a las personas juzgadoras y los efectos de la elección popular sobre la carrera judicial.

El nuevo modelo comenzó a aplicarse con la elección judicial de 2025. La siguiente elección federal, inicialmente prevista para 2027, quedó programada para 2028 tras una modificación constitucional publicada en junio de 2026.