En México, incluso quienes llegan a salvar una vida corren peligro. Médicos, paramédicos y enfermeros han tenido que atender heridas ajenas mientras esquivan las propias.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), durante 2024 se registraron al menos 160 incidentes violentos contra servicios de salud en el país: ataques a ambulancias, agresiones a personal médico, robos de medicamentos, amenazas y bloqueos a traslados. La cifra representa un aumento de casi 20 % respecto a 2023, cuando se documentaron 132 casos, y coloca a México entre los tres países de América Latina con mayor número de agresiones, junto con Colombia y Honduras.

El informe, presentado en la Ciudad de México durante el III Seminario Regional sobre la Protección a la Asistencia de Salud en América Latina y el Caribe, subraya que la violencia se ha extendido por todo el territorio. En Guerrero, se reportaron al menos 28 ataques, incluidos incidentes armados contra ambulancias en la Costa Grande y la Sierra. En Michoacán, la cifra alcanza los 19 casos, principalmente bloqueos carreteros, amenazas directas al personal y detenciones de unidades de emergencia en municipios como Uruapan y Apatzingán. En Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas, se documentaron más de 30 agresiones combinadas, en su mayoría robos de vehículos, saqueos a clínicas y retenciones por grupos delictivos.

El fenómeno no se limita a los estados con conflicto armado o crimen organizado. En el norte y centro del país, los ataques adoptan otras formas: agresiones físicas a enfermeras, violencia verbal en hospitales, vandalismo contra unidades médicas y asaltos durante traslados. En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud reportó 52 denuncias formales por agresiones a trabajadores del sector durante 2024, la mayoría ocurridas en áreas de urgencias hospitalarias.

En Michoacán, los paramédicos describen jornadas de riesgo permanente. Socorristas de Uruapan y Apatzingán narran que, en los últimos meses, ambulancias quedaron atrapadas entre enfrentamientos o fueron detenidas por hombres armados que revisaron a quién transportaban. “Ya no sabemos si vamos a un rescate o a una emboscada”, dijo uno de ellos bajo anonimato. En Morelia, la Cruz Roja suspendió durante semanas los traslados nocturnos hacia comunidades rurales después de recibir amenazas.

Los ataques no solo comprometen la integridad de los equipos de salud, sino que reducen la cobertura de atención médica. En Chiapas y Oaxaca, brigadas rurales tuvieron que cancelar campañas de vacunación tras sufrir asaltos o daños a sus unidades móviles. En Nuevo León, el Colegio Médico documentó 11 casos de violencia directa contra personal sanitario en hospitales del área metropolitana, y en Jalisco dos ambulancias fueron baleadas mientras trasladaban heridos hacia Guadalajara.

El CICR advirtió que la falta de denuncias oficiales impide conocer la magnitud real del problema, pues en muchas comunidades rurales los ataques no se registran o las víctimas temen represalias. “El silencio también hiere”, señala el informe. Además, el organismo subrayó que cada agresión debilita la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y aumenta la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones médicas.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud federal no ha emitido una política nacional específica de protección al personal médico en contextos de violencia. La Cruz Roja Mexicana informó que lanzará la campaña “Atender sin miedo”, con la que buscará visibilizar los riesgos del personal sanitario y promover acuerdos de protección en coordinación con gobiernos estatales y municipales.