El caso de La Gran Familia en Zamora, Michoacán, ha dejado una huella profunda en la sociedad mexicana.

A 10 años de que se revelaran los abusos y maltratos que ocurrían en este albergue, la discusión sobre cómo se debe abordar la memoria histórica de esta institución sigue siendo un tema polémico.

La propuesta del alcalde Carlos Soto de erigir un monumento a Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, resalta la complejidad del legado que dejó el albergue.

Si bien es cierto que durante algunos años proporcionó apoyo a cientos de personas necesitadas, también es innegable el sufrimiento y las violaciones a derechos humanos que se reportaron dentro de sus instalaciones.

Las acusaciones contra La Gran Familia son graves; en 2014 se reconocieron 536 víctimas de abusos físicos y emocionales.

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A pesar de ello, las autoridades aún no han resuelto adecuadamente el tema de la reparación del daño a estas víctimas desde 2015.

Esto plantea serias preguntas sobre cómo las comunidades manejan situaciones donde hay un legado mixto: por un lado, actos positivos como brindar apoyo social; por otro lado, graves violaciones a derechos humanos.

La narrativa actual parece centrarse más en recuperar una figura histórica controvertida que en dar justicia y reparación a quienes sufrieron bajo su custodia.

Este enfoque podría ser visto como una falta de compromiso con las víctimas y sus familias, cuyas necesidades siguen sin ser atendidas adecuadamente tras tantos años.

Es fundamental abordar este tipo de temas con sensibilidad y responsabilidad, priorizando siempre el bienestar y los derechos fundamentales de los afectados por tales injusticias históricas.