El Gobierno de Michoacán ha ordenado la separación de Anabel Ávila Castrejón de su cargo como presidenta municipal de Coalcomán, a fin de iniciar una investigación en su contra por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La decisión fue tomada luego de la difusión de videos y narcomantas colocadas en el Ayuntamiento de Coalcomán, en los que se agradece el supuesto patrocinio del Cártel Jalisco Nueva Generación para la entrega de regalos navideños en la región.
Estos hechos generaron gran preocupación entre las autoridades estatales, quienes condenaron públicamente cualquier tipo de vínculo con el crimen organizado.
En Michoacán condenamos la apología de quienes promueven la violencia. Por ello pedimos a la @FGR investigar a fondo a las autoridades municipales de Coalcomán por su probable vinculación con un grupo delictivo.
— Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) December 28, 2024
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a través de sus canales oficiales, expresó su rechazo a la apología del delito que se habría generado en el municipio de Coalcomán, ubicado en la zona de la sierra costa del estado.
En su mensaje, Ramírez Bedolla reafirmó su compromiso con la seguridad y el fortalecimiento del Estado de Derecho, asegurando que cualquier acto que transgreda las leyes será investigado de manera exhaustiva.
Te puede interesar: Detienen a “Delta 1”, presunto líder del CJNG en Jalisco y Michoacán
La postura del gobernador se enmarca en una clara estrategia para erradicar la influencia del crimen organizado en los ámbitos gubernamentales y sociales.
Anabel Ávila Castrejón, quien asumió la presidencia municipal de Coalcomán como parte del partido Movimiento Ciudadano, se enfrenta a una investigación por los graves señalamientos que vinculan su administración con actividades delictivas.
Hasta el momento, tanto la alcaldesa como el partido político al que pertenece no han emitido ningún comunicado oficial sobre los hechos que la involucran.
La falta de pronunciamientos aumenta la expectación sobre el curso de la investigación y las posibles consecuencias políticas y legales para la funcionaria.
Las autoridades de Michoacán han subrayado que no habrá impunidad y que cualquier funcionario que se vea involucrado en actividades ilícitas será sujeto a la justicia, en un esfuerzo por garantizar la seguridad y el bienestar de los michoacanos.