El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acudió ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisen las actuaciones de tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que podrían encuadrar en supuestos contemplados por la Ley Magnitsky.

Los consejeros señalados son Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. El priista sostiene que determinadas decisiones y actuaciones de los funcionarios electorales deben ser analizadas por autoridades estadounidenses ante posibles señalamientos relacionados con derechos humanos y corrupción.

Moreno informó este lunes que presentó la denuncia mediante una publicación en redes sociales y posteriormente difundió el documento dirigido al gobierno estadounidense.

En el escrito, el presidente del PRI pidió evaluar el caso bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación que permite a Estados Unidos aplicar sanciones financieras y restricciones migratorias a personas extranjeras cuando se acredita su participación en determinadas violaciones graves a los derechos humanos o actos de corrupción.

El señalamiento del dirigente priista está relacionado con una controversia electoral en México. Moreno acusa al INE de haber actuado de manera parcial y sostiene que las decisiones cuestionadas deben ser revisadas por las instancias correspondientes.

La denuncia presentada en Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia anunciada por el PRI. El partido ya impugnó la determinación que considera irregular ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Moreno también adelantó que buscará llevar el caso ante organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La presentación del documento ante autoridades estadounidenses no implica por sí misma la aplicación de sanciones contra los consejeros del INE, pues corresponderá a las instancias de ese país determinar si existen elementos para abrir algún procedimiento bajo la legislación citada.