La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha revelado hallazgos alarmantes que documentan cómo niñas, niños y adolescentes en el país son víctimas sistemáticas de reclutamiento y utilización por parte de grupos delictivos. Según el diagnóstico más reciente, Michoacán se ha posicionado en el segundo lugar nacional en este fenómeno, evidenciando una crisis de protección para los menores en la entidad. La investigación, publicada originalmente a mediados de noviembre y actualizada a finales de este 2025, muestra una realidad estremecedora donde la infancia queda atrapada en las estructuras de la delincuencia organizada.
Los datos actualizados de REDIM estiman que entre 145 mil y 250 mil menores se encuentran actualmente en riesgo latente de ser utilizados por estos grupos en todo el territorio mexicano. Este fenómeno ocurre con mayor intensidad en regiones donde la violencia y la impunidad se han normalizado, conformando un entorno hostil. El estudio detalla que en estados como Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Estado de México y Jalisco, confluyen factores críticos como la pobreza, el abandono escolar, la violencia intrafamiliar y la presencia armada, ante una preocupante ausencia de garantías estatales.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización advirtió que México carece de una política pública integral para prevenir y reparar el daño a estas víctimas. Uno de los mayores obstáculos señalados es que el marco normativo vigente no reconoce el reclutamiento como un delito autónomo, lo que provoca que los adolescentes reclutados sean criminalizados como infractores en lugar de ser protegidos como víctimas. Por ello, REDIM propuso a la CIDH instar al Estado mexicano a tipificar este delito y adoptar programas nacionales de desvinculación basados en sus “Guías de Atención e Incidencia Niñez Primero 2025”.
Finalmente, REDIM subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación internacional de fortalecer la protección de las infancias mediante medidas de prevención efectivas. La propuesta central es establecer un enfoque de derechos humanos que coloque el interés superior de la niñez en el centro de todas las políticas públicas, garantizando que el entorno donde crecen los menores deje de ser un espacio de riesgo. La implementación de estas rutas de identificación temprana es vista como una urgencia para Michoacán y el resto del país de cara a los retos de seguridad del 2026.
