El teléfono suena y la escena se repite con precisión quirúrgica. Del otro lado, una voz afirma que un familiar ha sido privado de la libertad. No hay presentación, no hay margen para colgar. La llamada impone reglas inmediatas: guardar silencio, no avisar a nadie y obedecer cada instrucción. En cuestión de minutos, la presión psicológica escala hasta convertirse en pánico.
Ese es el punto de partida del secuestro virtual, un delito que no requiere armas ni cautiverio físico, pero que ha ganado terreno en Michoacán por su eficacia para someter emocionalmente a las víctimas. A diferencia del secuestro tradicional, aquí todo ocurre a distancia, mediante llamadas telefónicas diseñadas para aislar, confundir y quebrar a las familias.
El mecanismo es doble. Mientras un grupo de extorsionadores mantiene a los familiares bajo amenaza constante, otro operador logra contactar a la supuesta víctima. Mediante engaños y órdenes insistentes, la induce a incomunicarse, apagar el teléfono o trasladarse a hoteles, moteles o espacios públicos donde permanece aislada durante horas o días. La ausencia de contacto refuerza la narrativa del secuestro y acelera la exigencia de dinero.
De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, durante 2024 fueron localizadas más de 200 personas que habían sido reportadas como privadas de la libertad bajo este esquema, una cifra superior a la registrada en 2023, cuando se documentaron poco más de 190 casos. En la mayoría, no existió contacto físico entre delincuentes y víctimas, pero sí periodos prolongados de incomunicación forzada.
Las investigaciones indican que los extorsionadores operan desde otros estados o incluso desde centros de reclusión, utilizando guiones preestablecidos, suplantación de voces y datos obtenidos previamente para dar verosimilitud a las amenazas. El objetivo no es retener a una persona, sino ganar tiempo suficiente para concretar depósitos o transferencias antes de que la familia logre verificar la situación.
Autoridades estatales reconocen que el impacto del secuestro virtual no se mide solo en cifras, sino en el daño psicológico inmediato que provoca. Familias enteras entran en crisis en cuestión de minutos, toman decisiones bajo presión extrema y, en muchos casos, entregan dinero convencidas de que están salvando una vida.
Aunque los protocolos de atención y localización han permitido ubicar con vida a la mayoría de las víctimas, el delito continúa adaptándose. Opera sin armas, sin traslados forzados y sin escenas visibles, pero se sostiene en el miedo, la desinformación y la urgencia, tres elementos que siguen jugando a favor de quienes delinquen desde una llamada telefónica.