Autoridades mexicanas advirtieron sobre un proceso de criminalización contra migrantes mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, en el contexto del incremento de operativos de detención y deportación registrados en los últimos meses.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, más del 80 por ciento de los connacionales detenidos no contaban con antecedentes penales al momento de ser asegurados por autoridades migratorias, lo que ha encendido alertas sobre el trato y la narrativa utilizada en estos procedimientos.

El gobierno de México señaló que el aumento en las detenciones ha venido acompañado de denuncias por uso excesivo de la fuerza, así como de prácticas que tienden a presentar a los migrantes como amenazas a la seguridad, pese a que la mayoría enfrenta procesos administrativos y no penales.

En el caso de Michoacán, las cifras reflejan un impacto significativo. Entre enero y septiembre de 2025, al menos siete mil personas originarias del estado fueron deportadas desde Estados Unidos, de acuerdo con registros oficiales de la Cancillería.

En ese mismo periodo, cerca de 800 mujeres michoacanas fueron repatriadas, un dato que pone de relieve la afectación de estas políticas en distintos sectores de la población, incluidos núcleos familiares completos.

Las autoridades mexicanas reiteraron que mantendrán el acompañamiento consular y el seguimiento diplomático de estos casos, al tiempo que insistieron en la necesidad de distinguir entre migración y criminalidad, especialmente en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.