A más de cinco años del programa de conversión del transporte de gasolina a gas natural en la zona urbana de Morelia, son más de mil transportistas que fueron defraudados por el programa impulsado por Alfonso Martínez Alcázar.

El ahorro que les prometieron a los transportistas se transformó en deuda de más de 30 mil pesos para cada uno de los concesionarios, que se vieron obligados a poner de su bolsillo para comprar los convertidores catalíticos que les fueron cobrados y no instalados.

Fue a finales del 2016, cuando Martínez Alcázar junto con el entonces diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, anunciaron la gestión de 60 millones de pesos ante la federación, con el objetivo de contar con la primera flotilla del país en dónde el transporte público dejara de usar gasolina y se cambiara al gas natural. No obstante, la empresa contratada tenía “otros planes”.

A pesar de que se licitó entre tres empresas michoacanas, tanto en el costo como en el beneficio, la empresa ganadora no contó con la capacidad de abastecer el convertidor catalítico para las más de mil unidades que fueron beneficiarias del programa y que, además, tuvieron que aportar recursos propios para la conversión.

Hace poco más de tres años, los transportistas, principalmente de la ruta naranja y roja de Morelia se manifestaron en las oficinas centrales de la empresa GNCV, en dónde exigieron a los encargados la entrega de los catalizadores, que ya tenían casi tres años de retraso. En su momento, la empresa reconoció que no contaba con el inventario de los convertidores.

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“De los taxis eran como 900 unidades y del transporte como 900 más, para que dimensiones el problema. No sé si el gobierno llevaría ganancia, no quiero ser mal pensado. Pero es esa falta de transparencia la que genera incertidumbre”, manifestaron al tomar las instalaciones de la empresa, con sede en al menos 10 estados de la república.

En total, fueron más de 40 millones de pesos por los convertidores catalíticos que tendrían que haber sido entregados a los operadores del transporte público simplemente “desaparecieron” a pesar de que fueron pagados por recursos federales y de los transportistas.

En 2016 el costo por cada convertidor era de siete mil pesos. No obstante, en costos del 2023 el mismo dispositivo ya asciende a más de 30 mil pesos por unidad, por el encarecimiento de las refacciones.

La respuesta en torno al evidente fraude se mantiene en el completo silencio, mientras que la empresa que fue contratada a través de una licitación prácticamente desapareció.

Miguel Martínez, líder de la ruta roja de Morelia calificó como “estafa maestra del transporte” el plan de modernización que encabezó Alfonso Martínez y, del cual, no han dado respuesta.

Las unidades que dejaron de operar por meses por la falta de los catalizadores, así como las deudas que tuvieron que contraer para que las camionetas volvieran a funcionar, suman cifras casi incuantificables en daño económica al transporte colectivo.

“El recurso que pagamos se lo llevaron. La empresa desapareció junto con el taller, cuando salió Alfonso, Morón no resolvió nada y simplemente guardaron silencio”, manifestó.