El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, propuso abrir un debate nacional para analizar la permanencia de las policías municipales y valorar un modelo en el que la Guardia Nacional asuma de manera más amplia las tareas de seguridad preventiva, al considerar que las corporaciones locales presentan debilidades estructurales.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario señaló que una modificación de este tipo implicaría reformar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la responsabilidad de los ayuntamientos en materia de seguridad pública. Aclaró que se trata de una discusión que debe realizarse a nivel nacional y no de una decisión que pueda tomarse únicamente desde Michoacán.

Ramírez Bedolla afirmó que las policías municipales representan actualmente el “eslabón más débil” del sistema de seguridad pública, al advertir que enfrentan problemas relacionados con la certificación de sus elementos, la capacitación y los controles de confianza, factores que, dijo, incrementan el riesgo de infiltración por parte de grupos delictivos.

Como parte de su argumentación, indicó que más de mil de los 2 mil 462 municipios del país carecen de una corporación policial propia, por lo que las labores de seguridad son asumidas por los gobiernos estatales, la Federación o, en algunos casos, permanecen sin cobertura suficiente.

En el caso de Michoacán, destacó que el estado cuenta con una mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional que de policías municipales, además de disponer de 52 cuarteles de esa corporación federal distribuidos en el territorio michoacano, infraestructura que, consideró, permitiría evaluar un esquema en el que la Guardia Nacional desempeñe funciones preventivas que actualmente corresponden a los municipios.

El gobernador también sostuvo que mantener corporaciones municipales representa una carga financiera considerable para muchos ayuntamientos, los cuales enfrentan dificultades para equipar y fortalecer a sus policías. Añadió que existen municipios que pasan varios años sin adquirir armamento debido a restricciones presupuestales y a los procedimientos legales establecidos para la compra de armas.

Ramírez Bedolla subrayó que cualquier cambio requerirá de un amplio consenso político y social, además de reformas constitucionales y legales tanto en el ámbito federal como estatal. Señaló que el primer paso consiste en reconocer las condiciones que enfrentan los municipios en materia de seguridad para construir un nuevo modelo que fortalezca la atención a la ciudadanía y mejore la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.