En los límites entre el bosque y la incertidumbre, Javier, defensor ambiental de la sierra del sur de Michoacán, se ha convertido en símbolo de una batalla desigual. Denunció haber sido víctima de amenazas, agresiones y despojo por parte de presuntos integrantes del crimen organizado que operan entre Villa Madero y Acuitzio, una zona marcada por la tala ilegal y la disputa por los manantiales.

Durante una conferencia convocada por el Comité Directivo Estatal del PRI, el activista relató que su casa fue incendiada y que debió huir con su familia hacia el monte para sobrevivir. “El bosque que defendí es ahora mi refugio, me quedé sin casa, sin familia y sin apoyo de nadie”, declaró.

Javier aseguró haber acudido a diversas instancias, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Guardia Nacional, sin recibir medidas de protección. “Todos saben quiénes son los responsables, pero nadie interviene. El silencio del gobierno también es complicidad”, acusó.

Su historia no es aislada. Organizaciones ambientales reportan que entre 2019 y 2025 al menos 32 activistas han sido atacados en Michoacán, varios de ellos desplazados o asesinados por su labor en defensa del territorio. El estado figura entre los primeros lugares nacionales en violencia contra defensores ambientales, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

El conflicto ambiental en esta región no se limita a la tala clandestina. Incluye el control del agua, el cambio de uso de suelo para plantíos de aguacate y la presión de grupos armados que buscan apropiarse de predios forestales. “Nosotros cuidamos el bosque, ellos lo venden por hectárea”, denunció Javier.

Comunidades como Etúcuaro, Tumbisca y Cútzeo de la Sierra han solicitado la intervención federal durante años sin resultados. Los programas de reforestación apenas alcanzan las zonas más seguras y los esfuerzos de vigilancia forestal siguen rebasados por la presencia criminal.

“Si algo me pasa, que quede claro que fue por defender el bosque”, concluyó Javier. Su caso revela una constante: en Michoacán, proteger los recursos naturales puede significar perderlo todo.