Organizaciones ambientalistas denunciaron que el gobierno federal otorgó una amnistía a responsables del cambio ilegal de uso de suelo, mediante un acuerdo intersecretarial publicado el 24 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La medida beneficia a personas y empresas que realizaron estas prácticas antes de 2019, y fue calificada por colectivos como un precedente que elimina sanciones y obligaciones de reparación ambiental.

De acuerdo con el contenido del acuerdo, actividades que ocasionaron la pérdida de cobertura forestal, afectaciones a ecosistemas y deterioro de servicios ambientales quedarían sin consecuencias administrativas ni penales, lo que, señalaron, impacta directamente en regiones con alta presión por tala y cambio de uso de suelo, como Michoacán.

El ambientalista Julio Santoyo denunció que el acuerdo no fue sometido a consulta pública, y que el proceso se limitó a diálogo con sectores productivos, excluyendo a comunidades, especialistas y organizaciones ambientales. Señaló que el documento contradice disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se coloca por encima de normas constitucionales y legales vigentes.

Ante ello, más de 30 sujetos jurídicos interpusieron un amparo contra el acuerdo, entre ellos el Consejo Estatal de Ecología de Michoacán. El recurso plantea interés legítimo en la defensa del marco legal ambiental y en la preservación de las atribuciones institucionales para la protección de los bosques.

Las organizaciones informaron que, de ser necesario, llevarán el caso a instancias internacionales, y sostuvieron que la defensa jurídica del derecho ambiental continuará desde Michoacán, entidad con antecedentes de conflictos por tala ilegal, incendios forestales y cambio de uso de suelo.