En las calles de Morelia, Uruapan y Zamora, no es raro ver ambulancias circulando a toda velocidad, muchas veces sin distintivos oficiales, sin placas visibles o con logotipos poco conocidos. No todas responden a una emergencia pública. Algunas ni siquiera están registradas formalmente. En Michoacán ha proliferado en silencio un mercado gris de servicios de ambulancia, donde unidades privadas – muchas de ellas irregulares – compiten por los pacientes en escenas de urgencia, disputando incluso el primer contacto con heridos de accidentes o balaceras.

Detrás de esta expansión está un vacío legal. En México el servicio de ambulancias privadas está permitido, pero su regulación es mínima y, en muchos estados, prácticamente inexistente. En Michoacán la situación es aún más crítica. Aunque existen normas oficiales, no hay un padrón actualizado de ambulancias en operación ni una supervisión efectiva sobre su equipamiento, personal o protocolos de actuación.

Un mercado sin control

En Morelia, reportes ciudadanos y testimonios de paramédicos señalan que en zonas de alta siniestralidad, como salidas carreteras, avenidas rápidas o polígonos violentos, algunas ambulancias privadas llegan antes que las unidades de Protección Civil o Cruz Roja. “A veces parece que estuvieran cazando llamadas por frecuencia”, dice un socorrista que pidió el anonimato. “Hay compañías que están pendientes de los radios de taxi o los grupos de WhatsApp donde se filtran los accidentes”.

Estas unidades, en ocasiones rotuladas como “traslados médicos”, “urgencias particulares” o con nombres de clínicas poco conocidas, recogen a los pacientes sin que se verifique si el personal cuenta con formación prehospitalaria. En algunos casos trasladan heridos sin autorización del Ministerio Público o sin protocolos en escenas de crimen, lo que podría entorpecer investigaciones.

La tarifa de la urgencia

Uno de los elementos más opacos de este fenómeno es el costo. A falta de regulación clara, los traslados en ambulancia privada pueden costar entre dos mil y diez mil pesos, dependiendo de la distancia, la hora y la condición del paciente. En situaciones críticas se han documentado casos donde la familia del herido acepta el servicio sin saber cuánto deberá pagar, o firma documentos sin explicación suficiente.

“Hay pacientes que llegan a hospitales públicos en ambulancias privadas, y cuando se les quiere trasladar a otro centro médico, la empresa cobra cifras desproporcionadas”, relata una trabajadora social en un hospital de Uruapan. “En otros casos se retienen documentos hasta que se liquide la cuenta”.

Ausencia de supervisión estatal

Actualmente Michoacán no cuenta con un sistema público efectivo para registrar, acreditar o auditar a las ambulancias privadas. Aunque la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 establece criterios mínimos para los servicios de atención médica prehospitalaria, su cumplimiento es casi imposible de verificar sin un padrón operativo.

La Secretaría de Salud estatal ha señalado que no tiene capacidad para inspeccionar todas las unidades particulares, y que muchas operan de forma complementaria pero sin formalizar su rol en el sistema de emergencias. En la práctica esto significa que pueden circular libremente, incluso sin contar con equipo desfibrilador, oxígeno o personal capacitado.

¿Competencia o negligencia?

El debate no es nuevo, pero se ha agudizado con el crecimiento de la violencia y la saturación hospitalaria. En municipios donde el servicio público de ambulancias es escaso o insuficiente, las empresas privadas se presentan como una alternativa, aunque no siempre segura ni ética. En otros se han documentado conflictos entre paramédicos, incluso agresiones físicas entre equipos por ganarse el traslado.

Además, los hospitales públicos muchas veces aceptan los ingresos sin cuestionar la procedencia de la ambulancia, ante la urgencia del caso. “Es como si llegaran en taxi, nadie pide una credencial ni una bitácora del traslado”, admite un médico del Hospital Civil de Morelia.

Epílogo: un sistema que no responde

En un estado donde los servicios de emergencia ya enfrentan retos operativos, la proliferación de ambulancias privadas sin regulación pone en riesgo no solo la salud de los pacientes, sino también la integridad del sistema de atención médica urgente.

Hasta ahora, ninguna autoridad estatal ha propuesto una estrategia clara para ordenar el sector, exigir licencias, establecer protocolos mínimos ni crear un registro público de ambulancias privadas activas. Mientras tanto, en cada esquina de accidente o tiroteo, el destino de un herido puede depender no de la mejor atención posible, sino de quién llegó primero y con qué intenciones.