A Grecia Quiroz no le dieron margen. Tres días después de asumir la presidencia municipal de Uruapan, la alcaldesa enfrenta amenazas directas atribuidas a grupos criminales que operan en la región. Los mensajes, enviados por redes sociales y servicios de mensajería, advirtieron sobre “consecuencias” si su administración no acataba las condiciones impuestas por el crimen local.

Fuentes del área de seguridad municipal confirmaron que las intimidaciones llegaron también a funcionarios de su círculo más cercano. Personal de la Policía Municipal y de la Guardia Civil rastreó los envíos y notificó de inmediato a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que a su vez dio parte a la Sedena y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Desde entonces, Quiroz opera bajo un protocolo especial de resguardo, con vigilancia permanente en traslados, oficinas y domicilio. Las amenazas, según reportes internos, se intensificaron tras los primeros movimientos en mandos de seguridad pública y desarrollo urbano, áreas históricamente vulnerables a la presión de intereses criminales.

Durante sus primeros tres días en funciones, la presidenta municipal ha mantenido una agenda discreta y bajo resguardo militar. Las actividades oficiales se redujeron a reuniones internas en el Palacio Municipal y encuentros breves con personal de confianza, sin actos públicos ni recorridos por colonias. La orden ha sido clara: evitar toda exposición innecesaria mientras se estabiliza el esquema de seguridad.

En su entorno se reconoce que Quiroz trabaja desde un despacho blindado con acceso restringido, rodeada de escoltas federales y con vigilancia exterior de la Guardia Civil. Las visitas al Ayuntamiento son filtradas por anillos de seguridad, y los secretarios municipales operan bajo supervisión directa del gabinete estatal.

Aun así, la alcaldesa ha intentado sostener el pulso político. En videoconferencias internas ha pedido a su equipo “no detener la operación del gobierno”, concentrando los primeros esfuerzos en mantener los servicios básicos y el pago de nóminas, en un intento de proyectar continuidad institucional en medio de la tensión.

La situación encendió alertas en el gabinete federal. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, visitarán Michoacán en los próximos días para revisar la estrategia de seguridad en Uruapan y Tierra Caliente, como parte del eje de paz y justicia del Plan Michoacán impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la práctica, la visita busca algo más que evaluación: enviar una señal política y simbólica de respaldo a la nueva administración, que enfrenta su primer reto real sin margen para el error.

Mientras tanto, Uruapan sigue bajo tensión. En las calles, la gente observa con cautela a su alcaldesa: la mujer que heredó un poder manchado de sangre y que hoy gobierna bajo amenaza, en una ciudad que aún no sabe si volverá a respirar en paz.