Amnistía Internacional (AI) exigió a las autoridades mexicanas desplegar de manera inmediata y coordinada todos los recursos necesarios para localizar con vida a José Luis Silva Andrade, defensor ambiental de la comunidad de Agua Fría, en el municipio de Hidalgo, Michoacán, desaparecido desde el pasado 15 de julio.

En un comunicado difundido, la organización condenó la desaparición del activista, quien fue visto por última vez luego de acudir a verificar un reporte relacionado con tala ilegal en la zona.

AI advirtió que el caso ocurre en un panorama de alto riesgo para las personas dedicadas a la defensa de los bosques, el territorio y el medio ambiente en Michoacán, donde quienes realizan esta labor enfrentan de manera recurrente amenazas, agresiones y ataques.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las autoridades de Michoacán a que se desplieguen de manera inmediata y coordinada todos los recursos necesarios para localizarlo con vida”, señaló la organización.

Amnistía Internacional solicitó además que las investigaciones consideren como línea principal la actividad de Silva Andrade en defensa del medio ambiente, conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección para personas defensoras de derechos humanos.

La organización también pidió la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de evaluar e implementar medidas de seguridad para la familia del activista y para otras personas defensoras de la comunidad de Agua Fría.

De acuerdo con AI, estas acciones deben orientarse a prevenir nuevas agresiones y garantizar que los integrantes de la comunidad puedan continuar con sus actividades de defensa del territorio en condiciones de seguridad.

“La desaparición de una persona defensora del medio ambiente es un ataque contra quienes protegen el territorio y contra el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano”, afirmó la organización.

Amnistía Internacional recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir las agresiones contra personas defensoras, investigar los hechos con la debida diligencia, garantizar la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y crear condiciones para que quienes defienden los derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a represalias.