Amnistía Internacional ubica a Michoacán dentro de un patrón nacional de represión a la protesta
evangelio | 20 diciembre, 2025

La respuesta del Estado mexicano frente a la protesta social comienza a mostrar rasgos consistentes en distintas regiones del país. Amnistía Internacional advirtió que en al menos 14 entidades se han documentado prácticas que vulneran el derecho a la manifestación pacífica, y señaló a Michoacán como uno de los estados donde estas conductas se han presentado.

 

El diagnóstico identifica dinámicas que se repiten: uso desproporcionado de la fuerza, detenciones sin sustento legal suficiente y posicionamientos oficiales orientados a desacreditar las demandas de quienes se movilizan. En este marco, la protesta deja de ser tratada como un ejercicio de derechos y pasa a ser gestionada como un problema de seguridad.

 

En Michoacán, el señalamiento adquiere un peso particular. Se trata de una entidad con alta conflictividad social, donde comunidades indígenas, colectivos de mujeres, sindicatos y organizaciones civiles han recurrido históricamente a la movilización ante la falta de respuestas institucionales. De acuerdo con la organización, ese contexto ha derivado en intervenciones policiales y narrativas públicas que restringen el espacio cívico.

 

La advertencia no se limita al estado. Casos documentados en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz, entre otros, refuerzan la lectura de una práctica extendida en el país, en la que la contención sustituye al diálogo.

 

Amnistía subrayó que el impacto de estas acciones recae de forma desproporcionada en pueblos originarios, mujeres y grupos históricamente discriminados, cuyas movilizaciones suelen enfrentar mayor vigilancia y menor tolerancia institucional.

 

El organismo llamó a autoridades de los tres niveles de gobierno a frenar discursos estigmatizantes, revisar los protocolos de actuación policial y garantizar que la protesta no quede subordinada a criterios discrecionales de orden público. La advertencia es clara: cuando manifestarse se convierte en un riesgo, el problema trasciende la calle y alcanza al propio sistema democrático.

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