El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permaneció su primera noche recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de su detención por su presunta relación con delitos vinculados al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El exmandatario estatal se encuentra a disposición de las autoridades federales y en espera de que se defina la fecha para su audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará la imputación en su contra por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia.

Hasta el momento, la diligencia correspondiente a Aguirre Rivero no aparece contemplada en la agenda pública de audiencias del día. Mientras tanto, su defensa analiza la estrategia legal que seguirá ante los señalamientos presentados por la autoridad ministerial.

Debido a que la desaparición forzada está considerada dentro de los delitos de alto impacto, el exgobernador no tendría acceso a beneficios como la libertad condicionada en caso de que el juez determine su vinculación a proceso.

De acuerdo con los primeros datos del expediente, la defensa del exfuncionario podría solicitar la ampliación del plazo constitucional para revisar las pruebas reunidas por la FGR, entre ellas testimonios que apuntan a la presunta destrucción de material videográfico relacionado con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía informó que la captura de Aguirre Rivero derivó de nuevas declaraciones obtenidas durante la investigación, en las que un colaborador aseguró que existían grabaciones sobre lo ocurrido aquella noche y que dichas evidencias habrían sido retiradas y posteriormente destruidas.

La desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrió en septiembre de 2014, después de un ataque contra autobuses en Iguala, donde también murieron otras personas y varias resultaron heridas.