Apatzingán despide el año con una cifra que no admite matices: más de 324 personas desaparecidas registradas oficialmente. La estadística, por sí sola, revela la dimensión del problema, pero es apenas la superficie de un fenómeno que se ha vuelto estructural en esta región de la Tierra Caliente. Detrás de cada número hay familias que buscan, expedientes que no avanzan y un Estado que intenta contener una crisis que lo supera desde hace más de una década.

La última actualización confirma lo que los colectivos vienen advirtiendo desde hace tiempo: la desaparición de personas en Apatzingán no responde únicamente a repuntes momentáneos de violencia, sino a un entramado sostenido de disputas criminales, control territorial y debilidad institucional. El propio registro oficial reconoce que las cifras podrían ser más altas, pues el temor a denunciar persiste, especialmente en comunidades donde la presencia de grupos armados regula la vida cotidiana.

Los colectivos locales insisten en que la mayoría de los casos comparten patrones: jóvenes levantados en trayectos cortos, trabajadores interceptados camino a sus empleos, mujeres desaparecidas sin una línea de investigación clara y hombres cuya última ubicación coincide con zonas donde operan células criminales. Los expedientes muestran un hilo conductor preocupante: investigaciones fragmentadas, búsquedas tardías y un sistema pericial rebasado por la magnitud del fenómeno.

A ello se suma el desgaste emocional y económico de las familias. Muchas de ellas han pasado meses o incluso años sosteniendo búsquedas por su cuenta, recorriendo brechas, cerros, patios y lotes baldíos, en una región donde la violencia, aunque fluctúa, nunca desaparece del todo. La carga recae sobre ellas: organizan jornadas, documentan indicios, viajan a oficinas estatales y federales para exigir avances y mantienen viva la memoria de quienes faltan.

Las autoridades estatales reconocen que el problema se ha agudizado, pero insisten en que se han reforzado las capacidades de búsqueda y atención. Aunque existen esfuerzos, estos operan dentro de un entorno sumamente complejo: una región con disputas territoriales constantes, presión criminal en comunidades rurales, movilidad limitada en zonas de riesgo y una deuda histórica en materia de seguridad pública.

El cierre del año confirma una realidad más amplia: Apatzingán se ha convertido en un punto nodal de la crisis de desapariciones en Michoacán. Las cifras no solo revelan el tamaño del problema, sino la urgencia con la que la región necesita una estrategia profunda, sostenida y basada en datos, no solo en operativos. Las familias han dejado claro que no buscan cifras nuevas, sino respuestas.

Y mientras esas respuestas no lleguen, la estadística seguirá creciendo, arrastrando consigo una pregunta que ya resuena en toda Tierra Caliente: ¿cuántas ausencias más puede soportar una región que lleva años viviendo al límite?