La defensa de las víctimas del incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, anunció que apelará la resolución judicial que puso fin al proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), por los hechos que dejaron 40 personas migrantes muertas en marzo de 2023.

El recurso busca impugnar la decisión de un juez federal que sobreseyó la causa penal contra el exfuncionario, acusado de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de sus obligaciones. La resolución se emitió luego de que el juzgador considerara cumplidas las condiciones impuestas a Garduño para acceder a la suspensión condicional del proceso.

Entre las medidas se encontraban el pago de indemnizaciones, una disculpa pública y la capacitación del personal migratorio en materia de derechos humanos y protección civil.

Sin embargo, los representantes legales de las víctimas sostienen que el cumplimiento fue parcial y que las medidas no garantizaron una reparación integral para los familiares de las personas fallecidas y los sobrevivientes.

El abogado Marcos Zavala señaló que el caso no se encuentra completamente cerrado y que existen otros recursos legales pendientes de resolución. También cuestionó que las indemnizaciones fueran cubiertas por el Instituto Nacional de Migración y no directamente por Garduño, además de señalar deficiencias en el acceso a la atención médica prometida a las víctimas.

El incendio ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria del INM, ubicada cerca del puente internacional que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas. El fuego comenzó después de que algunos migrantes prendieron colchonetas durante una protesta por las condiciones de detención.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que los custodios no abrieron las rejas para permitir la salida de los hombres que permanecían encerrados. El siniestro dejó 40 personas fallecidas y 27 lesionadas.

Garduño estuvo al frente del INM de 2019 a 2025 y, tras dejar el cargo, se incorporó a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mientras la defensa del exfuncionario sostuvo que cumplió con las condiciones judiciales, los representantes de las víctimas consideran que la resolución deja pendientes las exigencias de justicia y reparación por una de las tragedias más graves ocurridas en instalaciones migratorias de México.