La audiencia en la que se definiría la sentencia contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho fue aplazada este martes 20 de octubre, debido a una falla técnica en el sistema de videoconferencias utilizado por el Poder Judicial de la Federación.

La organización Artículo 19 México y Centroamérica informó que el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo notificó la suspensión de la diligencia, luego de que la defensa de la periodista intentara ingresar a la sesión virtual mediante la plataforma Webex y encontrara su cuenta inhabilitada.

La audiencia estaba prevista para la presentación de los alegatos finales y las pruebas correspondientes, como parte de la etapa previa a la resolución judicial que determinará si el exmandatario poblano recibe una sentencia condenatoria o absolutoria.

Hasta el momento, no se había informado una nueva fecha para reanudar la diligencia.

El aplazamiento ocurre después de casi 21 años de los hechos denunciados por Cacho, quien fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, Quintana Roo, y trasladada por carretera a Puebla. Durante el trayecto, que duró más de 20 horas, denunció haber sufrido amenazas, tortura física y psicológica, así como otras agresiones.

La detención ocurrió después de la publicación de su libro Los demonios del Edén, una investigación periodística sobre redes de explotación sexual infantil y sus presuntos vínculos con empresarios y figuras públicas.

Artículo 19 expresó su preocupación por el retraso y llamó a que el proceso concluya con una resolución imparcial, acorde con los estándares internacionales de protección a periodistas y libertad de expresión.

Mario Marín fue detenido en febrero de 2021 y enfrenta el proceso penal por su probable responsabilidad en la tortura contra la periodista. El caso se ha prolongado durante años entre investigaciones y resoluciones judiciales relacionadas con otros implicados.

La audiencia de este martes representaba una etapa decisiva para avanzar hacia una sentencia sobre la responsabilidad penal del exgobernador. Sin embargo, la falla técnica impidió que se desarrollara conforme a lo previsto.