El Senado de la República declaró la validez de la reforma constitucional en materia de feminicidio, con la que se busca establecer criterios homogéneos en todo el país para la investigación y sanción de este delito, cuyo incremento ha encendido alertas en la última década.

La declaratoria fue realizada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, luego de confirmarse el aval de 27 congresos estatales, cifra que cumple con la mayoría requerida para concretar cambios a la Constitución.

La modificación corresponde al artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de feminicidio.

Este cambio permitirá diseñar un marco jurídico único que obligue a las entidades federativas a armonizar sus legislaciones, con el objetivo de unificar la tipificación del delito, las sanciones y los criterios para su acreditación.

Además, la reforma abre la puerta a la implementación de protocolos de investigación más claros y estandarizados, así como a una mayor coordinación entre fiscalías, lo que se prevé contribuya a reducir la impunidad derivada de vacíos legales y disparidades normativas entre estados.

Con ello, el Congreso federal tendrá la responsabilidad de emitir una legislación general que siente las bases para una respuesta más eficaz frente al feminicidio en México.