El Gobierno de Argentina anunció este martes una reforma que amplía considerablemente las facultades de las fuerzas de seguridad, permitiéndoles realizar detenciones sin orden judicial, registros vehiculares y “ciberpatrullajes” para monitorear redes sociales y páginas web.

La medida fue revelada a un día de las manifestaciones convocadas en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá presentarse ante la justicia tras haber sido condenada a seis años de prisión por corrupción.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la reforma al compararla con prácticas del FBI y aseguró que busca “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos”.

Las nuevas facultades aplicarán en caso de “circunstancias objetivas” que impidan esperar una orden judicial. Críticos, sin embargo, han alertado sobre un retroceso en las garantías constitucionales y el riesgo de criminalizar la protesta social.

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El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión política, ya que simpatizantes de Fernández marcharán este miércoles hacia los tribunales de Comodoro Py bajo el lema “Argentina con Cristina”.

Desde el gobierno de Javier Milei se advirtió que habrá consecuencias legales para quienes bloqueen vías durante la movilización.

Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el alcance de estas medidas, que retoman mecanismos empleados durante el mandato del expresidente Mauricio Macri, también con Bullrich como responsable de Seguridad.

La ministra insiste en que busca “profesionalizar” las fuerzas y no vulnerar derechos, aunque sectores opositores lo ven como un avance autoritario disfrazado de modernización institucional.