La justicia argentina dispuso este martes el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ocho personas más vinculadas con casos de corrupción en la obra pública durante su mandato, por un monto cercano a los 500 millones de dólares, considerado el total del presunto desfalco al Estado.

La medida fue emitida por el mismo tribunal que condenó a Fernández a seis años de prisión por administración fraudulenta en diciembre de 2022, pena que cumple actualmente en su domicilio de Buenos Aires bajo prisión domiciliaria. La exmandataria también fue inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

El embargo alcanza más de 100 propiedades, cuentas bancarias, sociedades y terrenos pertenecientes a la expresidenta y los otros condenados, identificados por el Ministerio Público Fiscal durante la investigación. Los bienes ya habían sido embargados tras la sentencia, pero ahora la justicia ordena su decomiso formal.

El caso se centra en irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de carreteras nacionales y rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, periodo que abarca la presidencia de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Fernández. La justicia calificó estas acciones como “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que afectó gravemente los recursos públicos, estimando el desfalco en unos 85 mil millones de pesos de la época (aproximadamente 70 millones de dólares), cifra actualizada por peritos judiciales.

Entre los otros condenados se encuentran Lázaro Báez, empresario cercano a los Kirchner, un exsecretario de Obras Públicas y exfuncionarios de Vialidad Nacional. El tribunal dejó a los acusados la posibilidad de determinar cómo se repartiría el decomiso, pero ninguno acató la orden y todos apelaron, recursos que fueron rechazados por instancias judiciales superiores.

Hasta el momento, Fernández no ha emitido declaración sobre la decisión de este martes y mantiene su postura de que enfrenta una persecución judicial con fines políticos.