Un total de 350 tortugas de distintas especies fueron aseguradas por autoridades ambientales en Matamoros luego de ser descubiertas dentro de paquetes que habían sido declarados como “juguetes” para su envío, en un presunto caso de tráfico ilegal de fauna silvestre.

El hallazgo ocurrió el pasado 26 de mayo, cuando personal de una empresa de paquetería detectó irregularidades en varios paquetes y notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante la sospecha de que contenían animales vivos.

Tras recibir el reporte, inspectores acudieron al establecimiento y realizaron una revisión que confirmó la presencia de cientos de reptiles transportados en condiciones inadecuadas. Las tortugas se encontraban confinadas en recipientes de pequeñas dimensiones y envueltas en calcetines, una situación que comprometía seriamente su bienestar debido al hacinamiento y la falta de ventilación y espacio.

Durante la inspección se contabilizaron preliminarmente 344 ejemplares de tortuga casquito, dos tortugas adornadas y cuatro tortugas mexicanas, para un total de 350 animales. Sin embargo, las autoridades también confirmaron que 25 de las tortugas casquito ya habían muerto al momento de la intervención.

Ante el riesgo para los ejemplares sobrevivientes, se ordenó su aseguramiento precautorio y posterior traslado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre ubicada en Matamoros, donde recibirán atención especializada y permanecerán bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

El operativo contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad durante el traslado de los reptiles.

Las especies aseguradas se encuentran protegidas por la legislación ambiental mexicana y están incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), instrumento internacional que regula su comercialización para evitar que su supervivencia se vea comprometida.

Las autoridades recordaron que el tráfico ilegal de vida silvestre constituye un delito federal y puede derivar en sanciones penales para los responsables. El caso se suma a los esfuerzos que realizan organismos ambientales para combatir el comercio clandestino de especies protegidas, una de las principales amenazas para la biodiversidad en México.