Cinco custodios del Centro de Reinserción Social varonil de Atlacholoaya, Morelos, fueron asegurados por autoridades estatales tras ser sorprendidos presuntamente intentando introducir droga, equipos de comunicación y otros objetos prohibidos al penal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, la intervención ocurrió durante una revisión de rutina al momento en que el personal ingresaba a sus labores. Los elementos involucrados fueron identificados como Aldo Jocsan “N”, Jesús “N”, Camilo “N”, Miguel Ángel “N” y Juan Jesús “N”.

Durante la inspección, se les aseguraron cuatro teléfonos celulares, 110 tarjetas SIM de distintas compañías con números activos, así como cargadores, accesorios y un kit para reparación de dispositivos.

Asimismo, las autoridades informaron el decomiso de aproximadamente 1.024 kilogramos de una sustancia con características similares al cristal, distribuida en dos paquetes, además de tres cuchillos tácticos y dos botellas de bebidas alcohólicas.

El operativo formó parte de las acciones derivadas de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contó con la participación de instancias que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en Morelos, así como de la Dirección de Asuntos Internos y la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Según la dependencia, este tipo de revisiones se realizan de manera permanente en los centros penitenciarios estatales para evitar el ingreso de objetos ilícitos, especialmente dispositivos móviles que suelen ser utilizados en la comisión de delitos como la extorsión.

Las acciones también se han intensificado desde la entrada en vigor, el 29 de noviembre de 2025, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que ha fortalecido la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Los custodios, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, así como de la Fiscalía General de la República en su sede de Cuernavaca, donde se dará seguimiento a las investigaciones para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos.