La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó tres denuncias penales por presuntas irregularidades detectadas en contratos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), relacionadas con un posible daño al erario por 121.9 millones de pesos durante la revisión de la cuenta pública 2024.
La auditoría de cumplimiento forense número 76 identificó posibles actos de simulación de servicios y transferencias de recursos públicos que involucrarían a tres empresas, un funcionario de la Cofepris y su esposa. La ASF señaló que el servidor público, identificado como “Verificador o Dictaminador Especializado A”, recibió transferencias bancarias por 5 millones 625 mil pesos provenientes de contratistas vinculados con contratos de mantenimiento.
El órgano fiscalizador indicó que las irregularidades estarían relacionadas con contratos de mantenimiento preventivo y correctivo asignados por la Cofepris entre 2023 y 2024. En la revisión se detectaron pagos por servicios que no habrían sido comprobados y movimientos financieros entre las empresas involucradas y personas relacionadas con la institución.
Entre los casos señalados se encuentra la empresa Build Project and Design Memt, S.A. de C.V., que recibió 56 millones de pesos por servicios que la ASF consideró no acreditados. La auditoría detectó archivos digitales con metadatos asociados al nombre de un servidor público de la Cofepris.
La ASF también reportó irregularidades en contratos otorgados a GAB Comercialización, Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V., por más de 24 millones de pesos, y a JEL Insumos, S.A. de C.V., por poco más de 41.1 millones de pesos. En ambos casos, el órgano identificó documentos y evidencias que presentarían inconsistencias en la comprobación de los trabajos realizados.
Durante el análisis forense digital, la auditoría detectó fotografías duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas dentro de archivos utilizados como evidencia de servicios, además de coincidencias entre imágenes incluidas en distintos informes entregados como comprobación de actividades.
La ASF concluyó que las tres empresas tenían vínculos entre sí mediante representantes legales compartidos o transferencias bancarias, y señaló que también se identificaron movimientos de recursos hacia el funcionario de Cofepris y su esposa. Las tres denuncias penales fueron presentadas el 26 de junio y forman parte de las acciones derivadas de las revisiones a cuentas públicas realizadas entre 2020 y 2024.