En un estado históricamente erosionado por la corrupción y la impunidad administrativa, hablar de fiscalización efectiva ha sido, durante décadas, más una consigna que una realidad. Pero desde hace poco más de dos años, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ha comenzado a dar señales de cambio. Lo ha hecho sin estridencia, sin grandes campañas mediáticas, pero con una reconfiguración interna que empieza a posicionarla como un órgano incómodo, más técnico, más activo y, sobre todo, más autónomo.
El dato más claro es el crecimiento sostenido en el número de auditorías. Solo en 2023, la ASM realizó más de 500 auditorías financieras, de cumplimiento y de obra pública a entes estatales, municipales y organismos autónomos, superando en un 28 % el promedio anual del sexenio anterior. A eso se suma la incorporación, por primera vez en Michoacán, de auditorías en tiempo real, es decir, revisiones que ocurren mientras el gasto se ejerce, y no meses después.
Este tipo de fiscalización simultánea se ha aplicado particularmente en municipios con antecedentes de observaciones graves, así como en obras públicas ejecutadas con recursos federales, donde el margen de discrecionalidad es históricamente alto. La ASM ha reportado al menos 72 observaciones preventivas levantadas en tiempo real durante 2023 y principios de 2024, lo que evitó, según informes internos, la formalización de contratos irregulares por más de 120 millones de pesos.
La digitalización también ha sido un punto de inflexión. Desde 2023, los informes de resultados se encuentran disponibles en línea con mayor desagregación por entidad auditada, una exigencia ciudadana que no se cumplía desde hace más de una década. A ello se suman mecanismos de participación como la “auditoría ciudadana”, que ha permitido canalizar más de 300 denuncias documentadas a través de buzones digitales, principalmente por irregularidades en compras, nómina y obra pública.
Te puede interesar: Fobaproa: auditoría nunca fue tal, según auditor contratado
Pero el avance más relevante no es técnico, sino político: la capacidad de sostener observaciones y escalar casos sin retroceder ante las presiones. En 2024, la Auditoría turnó al Congreso local y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un total de 18 expedientes con elementos para sanción o investigación penal. Entre ellos se encuentran casos de desvío en fondos federales, simulación de obra pública y uso irregular del capítulo 1000 (servicios personales) en municipios como Lázaro Cárdenas, Hidalgo y Paracho. Son procesos en curso, no sentencias, pero marcan una ruptura con el pasado: antes, la mayoría de los expedientes dormía en el archivo legislativo.
El contexto hace aún más relevante este esfuerzo. De acuerdo con datos de la propia ASM, el 63 % de los municipios auditados en 2023 presentaron observaciones relevantes no solventadas, y casi la mitad arrastran señalamientos reiterados por anomalías en obra pública. La cultura de la simulación, la opacidad en licitaciones y la resistencia a la rendición de cuentas sigue instalada en muchos niveles del poder local.
Sin embargo, el mayor reto sigue siendo el de siempre: traducir las observaciones en consecuencias. Muchos de los expedientes turnados aún no han derivado en sanciones efectivas o procesos penales concluidos. Si los casos terminan estancados en comisiones legislativas o en fiscalías sin dientes, el esfuerzo técnico corre el riesgo de quedar en mero trámite. La ciudadanía no espera solo informes bien hechos, sino justicia operativa.
Por eso, el desafío de la ASM no es solo técnico. Es institucional. Los avances observados en esta etapa podrían diluirse si no se blindan frente al próximo relevo político. La autonomía de la Auditoría, su perfil ciudadano y su fuerza operativa siguen dependiendo, en gran medida, de decisiones del Congreso local. Un cambio de correlación política podría significar regresión, como ha ocurrido en otros estados.
Aun con sus limitaciones, la transformación de la Auditoría Superior de Michoacán representa una rareza en el panorama estatal. No es una institución perfecta, ni una garante absoluta contra la corrupción. Pero hoy es más visible, más técnica y más activa que hace cinco años. Y en un contexto donde la confianza pública hacia las instituciones es baja, ese avance no es menor.
En Michoacán, donde la opacidad ha sido norma, un órgano que fiscaliza con firmeza no es la solución a todos los males. Pero sí puede ser el inicio de algo que ha escaseado por años: consecuencias.