La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 100 millones de pesos en recursos federales sin aclarar o comprobar durante la administración de Miguel Sánchez Altamirano al frente del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de acuerdo con una revisión de las cuentas públicas de 2022 a 2024.

Los hallazgos corresponden al periodo en que Sánchez Altamirano encabezó por primera vez el gobierno municipal. La ASF encontró falta de documentación para acreditar la adquisición de bienes y servicios, así como ausencia de registros contables, presupuestales y comprobantes relacionados con contratos y obras públicas.

En la Cuenta Pública 2022, los auditores identificaron 48.9 millones de pesos por aclarar, principalmente relacionados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. De los 85 millones de pesos transferidos mediante este fondo, el Ayuntamiento no presentó documentación como bases de nómina, plantillas de personal autorizadas ni comprobantes fiscales correspondientes a una parte de los recursos.

Para 2023, la ASF detectó irregularidades por 14 millones de pesos de los 16.1 millones de pesos de fondos federales revisados. Entre las observaciones se encontró la falta de documentos relacionados con proveedores, como propuestas económicas y constancias requeridas para acreditar su cumplimiento.

En 2024, el municipio recibió 41.5 millones de pesos de recursos federales y, según la auditoría, no presentó evidencia suficiente para acreditar que esos recursos fueron destinados a obras y servicios, ni comprobantes que permitieran verificar su aplicación.

Los resultados de las auditorías se conocen días después de la detención de Sánchez Altamirano, ocurrida el 23 de septiembre, cuando autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

La ASF señaló en sus revisiones que la administración municipal no realizó una gestión eficiente de los recursos federales entregados. Estos hallazgos corresponden a observaciones de fiscalización y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad penal.

El caso se suma a la crisis que atraviesa el Ayuntamiento de Juchitán. El Congreso de Oaxaca aprobó el 25 de septiembre, con 35 votos a favor, la desaparición de poderes en el municipio, luego de la solicitud presentada por el gobernador Salomón Jara Cruz.