El secuestro volvió a colocarse entre los delitos de mayor preocupación en la capital michoacana.

De acuerdo con datos del Semáforo Delictivo, Morelia registró un incremento del 20 % en los casos de secuestro durante el primer semestre del año, lo que la ubica como foco rojo en materia de seguridad.

El informe señala que, en promedio, se denunciaron dos casos por mes, una cifra que representa un repunte frente al mismo periodo del año anterior. Las autoridades locales reconocen que la incidencia se ha mantenido concentrada en zonas urbanas y comerciales, con víctimas que en su mayoría son empresarios, comerciantes y profesionales independientes.

El Semáforo Delictivo advierte, sin embargo, que la cifra real podría ser mucho mayor. Por cada caso denunciado podrían existir hasta cuatro no reportados, producto del miedo a represalias y de la desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar estos delitos. Este subregistro, según especialistas, impide diseñar estrategias eficaces de prevención y respuesta.

Fuentes del ámbito de seguridad señalan que las células dedicadas al secuestro en la región han diversificado sus métodos: desde el secuestro exprés y la privación con fines de extorsión hasta modalidades vinculadas con cobros de piso. En la mayoría de los casos, los delincuentes operan con información previa sobre las rutinas o la capacidad económica de las víctimas.

Organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano de Seguridad han pedido reforzar los protocolos de atención inmediata y ampliar las unidades de análisis de inteligencia para rastrear redes criminales. También han exigido mayor transparencia en las cifras oficiales, ante la disparidad que suele existir entre los registros locales y federales.

El incremento en los secuestros ocurre en un contexto de recrudecimiento de otros delitos de alto impacto, como la extorsión y el robo con violencia. En conjunto, estos indicadores mantienen a Morelia entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, según el INEGI.

El repunte plantea un desafío adicional para las autoridades locales: frenar el crecimiento de delitos de alto riesgo en una capital que, pese a los esfuerzos de contención, continúa enfrentando el avance del crimen organizado hacia sus zonas residenciales y comerciales.