Los anuncios del presidente Donald Trump sobre medidas migratorias han generado gran inquietud entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos, que teme la posibilidad de persecuciones inminentes.

El presidente del Frente Democrático de Migrantes y del Comité de Asuntos Migratorios de Fuerza Migrante, Carlos Arango, advirtió que ello podría traer una crisis humanitaria en la región fronteriza y generar zozobra en todo el país.

Por su parte, el líder de la Coalición Pro-Defensa del Migrante, José Ascensión Moreno Mena, reveló que el Servicio de Seguridad estadounidense tiene identificados a aproximadamente 72 mil mexicanos deportables, quienes serían los primeros en ser expulsados.

Sin embargo, muchos de ellos aún tienen la opción de apelar sus casos en las cortes migratorias.

Actualmente, el gobierno podría deportar hasta mil personas diarias mediante diversas zonas fronterizas, con un enfoque particular en Tijuana, donde se anticipa una cifra de 500 deportaciones diarias.

Te puede interesar: Trump suspende fondos federales destinados a promover el aborto

La situación es especialmente grave para los beneficiarios del programa DACA, quienes, aunque tienen permiso para residir y trabajar, no cuentan con un estatus legal pleno. De los aproximadamente 600 mil jóvenes DACA mexicanos, la mitad ya son padres.

Cerca de seis millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos enfrentan el temor a la deportación, muchos de los cuales son trabajadores esenciales que durante años han contribuido a la economía del país.

“Son personas que han comprado casas y creado negocios, a menudo con la carga de haber pagado impuestos sin recibir beneficios a causa de su estatus”, explica el especialista.

Aunque Trump podría enfrentar resistencias en los tribunales para lograr su meta de deportar un millón de personas al año, podría utilizar órdenes ejecutivas para agilizar deportaciones.

En estados como California, donde un millón de migrantes mexicanos están en riesgo, la cooperación del gobernador Gavin Newsom podría ser problemática, en contraste con estados como Texas y Arizona, donde los gobernadores han mostrado una postura más favorable a la colaboración con el gobierno federal.