Los grupos de autodefensas de Michoacán se transformaron en bandas de delincuentes, acusó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En el marco del 11 aniversario del levantamiento de las autodefensas de Tierra Caliente, Ramírez Bedolla ratificó que no se permitirá el levantamiento de los grupos de civiles armados en ninguna de las regiones del estado.

“Fueron errores de los gobiernos”, señaló el mandatario estatal, tras recordar que incluso la gestión de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado repartió armas que terminaron en manos de los líderes delincuenciales.

“Hemos sido muy claros, fueron un error de los gobiernos que los alentaron y también por cárteles que los firmaron. Esos grupos se transformaron en bandas de delincuentes, originalmente lo eran”, precisó.

Fue en febrero del 2013 cuando Hipólito Mora Chávez y José Manuel Mireles Valverde fundaron las autodefensas de Tepalcatepec. Dichos grupos se extendieron al por lo menos 40 demarcaciones en menos de un año.

Te puede interesar: Narcotráfico busca resurgimiento de autodefensas en Michoacán, acusa gobernador

Entre los principales puntos en donde se tiene registro de civiles armados se encuentra Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista, La Huacana, Los Reyes, Tancítaro, Aquila y Coalcomán, municipios con diferentes condiciones y problemas de inseguridad.

Asimismo, entre el 2021 y el 2022, el grupo de Pueblos Unidos se extendió por 10 demarcaciones de la franja productora de aguacate e incluso se acercó a la ciudad de Morelia.

El argumento de Pueblos Unidos para armarse y operar a la vieja usanza de las autodefensas fue la extorsión y agresiones del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las zonas productoras de aguacate.

Para septiembre de 2022, el gobierno del estado dio el golpe más fuerte contra los grupos criminales de Michoacán, cuando más de 150 civiles armados fueron detenidos en la región de Uruapan y presentados, en cuestión de horas, ante la Fiscalía General de la República.

Más de 100 de los detenidos fueron sentenciados a 15 años de prisión por violar las leyes de portación de armas de fuego.