La 76ª Legislatura del Congreso de Michoacán autorizó la desincorporación de 38 predios que forman parte del patrimonio del Estado, lo que permitirá al Poder Ejecutivo iniciar el proceso para retirar estos bienes de la propiedad estatal una vez que se publique el decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con lo informado por medios regionales, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que el decreto para desincorporar los predios ya está listo y que, tras su publicación oficial, la Dirección de Patrimonio estatal podrá ejecutar el procedimiento administrativo para retirar estos bienes del inventario del Gobierno del Estado. Algunos de los predios podrían ser transferidos a ayuntamientos mediante actas de donación, mientras que otros quedarían bajo la administración del fideicomiso estatal correspondiente, con posibilidad de anuncio de nuevos destinos según los acuerdos administrativos.

La autorización de la desincorporación en el Congreso se produjo después de que se avalara el dictamen promovido por el Ejecutivo estatal, el cual fue discutido y aprobado en sesión plenaria, con la finalidad de facilitar la gestión de estos bienes conforme a las políticas de aprovechamiento de recursos estatales, según versiones legislativas.

El proceso ha generado diversas reacciones entre actores políticos y partidos, ya que algunos representantes han cuestionado la transparencia del procedimiento y la forma en que se llevó a cabo la aprobación, argumentando que se debió haber involucrado a más comisiones legislativas para su dictaminación y que el manejo de bienes patrimoniales requiere una mayor participación de los distintos sectores del Congreso.

Además, el dirigente estatal de un partido político local anunció que se trabaja en una posible acción legal para impugnar la desincorporación de estos inmuebles, al señalar que la medida podría representar una afectación al patrimonio de la entidad, aunque este recurso jurídico aún no ha sido presentado formalmente al Poder Judicial.

Analistas consultados por medios señalaron que, al tratarse de bienes que forman parte del patrimonio estatal y no de una administración en turno, el seguimiento al destino de los 38 predios una vez desincorporados será un elemento clave para evaluar su impacto a largo plazo, especialmente en términos de su uso social o su destino económico.

Los bienes que integran la lista de predios cuya desincorporación fue autorizada abarcan distintas ubicaciones en el estado, con diversos usos potenciales, desde donaciones a instituciones públicas hasta su aportación a fideicomisos que permitan su eventual enajenación o aprovechamiento conforme a la normatividad vigente.