El Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) concluyeron que autoridades en funciones de diferentes niveles, como la Secretaría de Defensa Nacional, del Ejército y policías, supieron en todo momento lo sucedido a los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ocultaron y manipularon información.

En su último informe, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, miembros del GIEI, enumeraron una serie de evidencias que acreditan la actitud de las instituciones para no abrir los archivos del caso.

“Todos colaboraron para desaparecerlos”, acusó Carlos Beristain.

A la par, aseguraron que documentos analizados no muestran una colusión entre los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” y grupos criminales, y por lo contrario sí da cuenta de una complicidad entre autoridades de los municipios de Cocula e Iguala, integrantes del Ejército y mandos policiales junto con células del narcotráfico.

Beristain explicó que, de la opacidad de la Sedena, Marina y CNI se ha informado puntualmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y consideraron que esa actitud amerita una sanción.

Una serie de rastreos que hicieron a las redes de telefonía móvil de los actores implicados en el caso, se conocieron contradicciones, mentiras y alteración de informes por parte del Ejército, la Marina y el CNI (antes Cisen).

El GIEI señala que durante horas cruciales del ataque a los jóvenes previo a su desaparición, un centro de información policial recibió al menos 500 llamadas telefónicas denunciando la agresión.

Este es el último informe que el GIEI reporta antes de retirarse de México y después de ocho años de trabajo.

Fue la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron 43 estudiantes normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero.