La Cámara de Diputados acaba de aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa que busca unificar el marco penal en todo el país y endurecer las sanciones contra uno de los delitos que más afectan a la población y al sector productivo.

El proyecto establece un tipo penal básico con penas de seis a 15 años de prisión, además de incrementos significativos en función de las agravantes con que se cometa el delito.

Legisladores explicaron que la propuesta pretende homologar los criterios de persecución y sanción en las entidades federativas, donde actualmente existen diferencias notables en la definición y castigo de la extorsión.

La ley también pone énfasis en la atención a las víctimas y en el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, al permitir que las personas afectadas puedan reportar los hechos de forma anónima y segura.

El texto legislativo contempla 34 agravantes agrupadas en tres categorías: La primera aumenta las penas hasta en un tercio en casos como el “cobro de piso”, la extorsión a candidatos o el uso del sistema financiero para amenazar o presionar. La segunda eleva las sanciones hasta en un 50 por ciento cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables o mantienen una relación previa con el agresor. La tercera, la más severa, aplica en casos con violencia, uso de armas, participación de menores o intervención de funcionarios públicos.

Con esta ley, el Congreso busca dotar a las autoridades de un instrumento uniforme y eficaz para combatir la extorsión, delito que en los últimos años ha afectado tanto a comerciantes y empresarios como a comunidades enteras en distintas regiones del país.