El Gobierno de México anunció el avance en la modernización de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que evolucionará hacia un documento con datos biométricos y cuya implementación a nivel nacional se proyecta para el año 2026. La iniciativa busca fortalecer el sistema de identificación en el país, aunque también ha generado preguntas sobre su aplicación, alcances y obligatoriedad.
Durante 2025 se sentaron las bases legales y técnicas para esta transición. El pasado 16 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que modifica la Ley General de Población, permitiendo integrar fotografía, huellas dactilares y reconocimiento de iris al registro nacional de identidad. Con ello, la CURP deja de ser únicamente alfanumérica para convertirse en un instrumento de identificación con biometría.
Aunque la reforma ya está vigente, las autoridades precisaron que la exigencia de la CURP biométrica para distintos trámites se aplicará de manera gradual, con un despliegue escalonado durante 2025 y una operación generalizada a partir de 2026. Este proceso permitirá que dependencias públicas y entidades privadas ajusten sus sistemas al nuevo modelo.
Especialistas y funcionarios han señalado que la incorporación de datos biométricos tiene como objetivo incrementar la seguridad y confiabilidad en la identificación de las personas, reducir riesgos de fraude y suplantación de identidad, así como mejorar la eficiencia administrativa y la interoperabilidad entre plataformas gubernamentales.
De acuerdo con lo previsto, desde febrero de 2026 la CURP biométrica será reconocida como identificación oficial en múltiples ámbitos. Entre los principales usos se encuentran el acceso a servicios de salud, el registro y cobro de programas sociales y pensiones, trámites bancarios y financieros, así como inscripciones y gestiones educativas en instituciones públicas y privadas.
Asimismo, tanto organismos públicos como empresas deberán aceptar este documento como medio válido de identificación cuando sea presentado por la ciudadanía, lo que marcará un cambio significativo en la forma en que se realizan trámites y contratos en el país.